AFUDEP en el Congreso en defensa de las y los funcionarios/as sobre tema "práctica profesional"


AFUDEP en el Congreso en defensa de las y los funcionarios/as sobre tema práctica profesional

 

Este martes 07 de junio 2016, las asociaciones de funcionarios  de la Defensoría Penal Pública, del Ministerio Público de la Corporación de Asistencia Judicial, del Congreso Nacional y de la  Subsecretaria de Justicia, realizamos una presentación en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia que afecta a un grupo de funcionarios y funcionarias de nuestras instituciones, y que dice relación con la práctica profesional, que establece el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, cuyo procedimiento se encuentra contenido en el DS 265/85 del Ministerio de Justicia.


De acuerdo a estas disposiciones, los postulantes al título de abogados(as) tienen la obligación de realizar una práctica por un periodo de seis meses. Sin embargo, el numeral 5° de dicha norma considera a los funcionarios del Poder Judicial que tienen cumplida  esta obligación sólo por haberse desempeñado por un periodo de cinco años y pertenecer a las primeras cinco categorías del escalafón del personal  de empleados u oficiales de secretaría.
 A juicio de las Asociaciones de Funcionarios ya mencionadas, consideramos que las funciones que se desarrollan  en nuestras instituciones se ha ido perfeccionando y profundizando con el pasar de los años, y que existe una proporción de funcionarios (as) que se desempeñan el labores propias del ámbito jurídico, tal como es el caso de algunos de los funcionarios del Poder Judicial, razón por la cual consideramos que la norma produce una discriminación  positiva sólo en favor  de los funcionarios judiciales.

 

AFUDEP en el Congreso en defensa de las y los funcionarios/as sobre tema práctica profesional


Además consideramos que de avanzar en una modificación del señalado numeral 5° del artículo 523, permitirá que se reconozca el esfuerzo de los funcionarios y sus familias, así como contribuir a la profesionalización de la función pública.


Desde otro ámbito, también podríamos hablar de una “obligación cívica discriminatoria”.


Los problemas


Hoy los funcionarios de nuestras instituciones, deben solicitar un permiso sin goce de remuneraciones para realizar su práctica profesional con los costos monetarios que eso significa para cualquier familia. Además durante este periodo, también se generan otros inconvenientes como, la seguridad para los postulantes ya que se encuentran desprotegidos ante la ocurrencia de cualquier tipo de accidentes en el desempeño de su cargo de postulante, lo que sucedería debido a que no ostentan la calidad de estudiantes, ya que el vínculo con sus casas de estudios ha terminado, y al estar con PSG no tienen la cobertura de la Ley 16.744 y en la CAJ no existen seguros asociados para ellos.


Por lo anterior, que muchos egresados les es imposible coordinar su práctica con sus labores de trabajador, padre o madre de familia y proveedor(a) de su hogar. A lo habría que sumar, que muchas veces estos egresados deben suscribir créditos de consumo a fin de poder mantener a sus familias los meses que dura aproximadamente todo su proceso de práctica.


 La Corporación de Asistencia Judicial, que tiene la categoría de servicio público descentralizado, cuyo objeto es proporcionar orientación y asesoría jurídica a las personas de escasos recursos de nuestro país, a la vez que pretende permitir que los postulantes a abogados puedan aplicar prácticamente los conocimientos adquiridos en la universidad.


Esta situación, que ocurre dentro del núcleo del Estado en el cual se gestan y se aplican las disposiciones que conforman el orden jurídico del país, ha sobrevivido pese a que otras instituciones, como el servicio militar, los actos eleccionarios o el abogado de turno, se han hecho cargo de que, en un estado de derecho basado en el respeto a los derechos fundamentales de las personas, no pueden llevar a cabo su función utilizando el trabajo forzado de los ciudadanos.


Por lo tanto, la práctica no sólo no es remunerada y carente de beneficios laborales y previsionales, sino que los postulantes se ven obligados a costear   la movilización, alimentación, papel, fotocopias e insumos de oficina, utilizar computadores y conexiones a Internet propias si quieren cumplir con las metas que se le imponen, debiendo  en ciertas oportunidades incluso desembolsar el pago a los receptores que notifican las causas o reciben la prueba, para conseguir lograr las metas que se les exigen. Finalmente debe recordarse que por el carácter gratuito de esta práctica profesional, los postulantes se encuentran impedidos de percibir dineros, ni aun como asignación de movilización, lo que también constituye una discriminación en relación a los egresados que realizan prácticas de otras profesiones a veces incluso en nuestras propias instituciones.


Para los funcionarios(as) públicos, con un desempeño de a lo menos 5 años en el ámbito jurídico, a diferencia de muchos de los estudiantes de Derecho, la práctica profesional no es el primer encuentro  con los tribunales y con todo lo que significa hacerse cargo de un caso real. Después de al menos cinco años de teoría, aprendiendo las normas y el lenguaje del complejo mundo del Derecho, aquí deben interpretarlo, traducirlo y aplicarlo para entregar una solución a las personas que llegan buscando apoyo.


PROPUESTA DE TEXTO


La misma obligación establecida en el N° 5, se entenderá cumplida por aquellos postulantes que sean funcionarios o empleados de las siguientes instituciones; Defensoría Penal Pública, Ministerio Público, Corporación de Asistencia Judicial, Subsecretaria de Justicia, Poder Judicial y Congreso Nacional. En los estamentos de auxiliares, administrativos, técnicos y profesionales; mismo caso de los asesores legislativos o secretarios de los miembros del Congreso Nacional o de sus comités, el hecho de haber desempeñado sus funciones durante cinco años en dicha institución en materias de apoyo al ámbito jurídico.


Esta última condición debe ser certificada mediante resolución fundada por el respectivo Jefe de Servicio, el Secretario General de la Cámara de que se trate y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, según corresponda.

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AFUDEP en defensa de los/as funcionarios/as por "práctica profesional" - 07 Junio 2016

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