Comunicado AFUDEP a raíz de las publicaciones por los Defensores del caso Luchsinger


Comunicado AFUDEP a raíz de las publicaciones por los Defensores del caso Luchsinger

 

05 Agosto 2016 -- Expresamos nuestra preocupación por la información que ha aparecido en diversos medios de comunicación relacionado con la percepción de una Jueza de Garantía tiene de la labor protectora de derechos y garantías de imputados que le compete a los defensores penales públicos.


Sin entrar a calificar el fundamento de la referida magistrada en la resolución en que se inhabilita de seguir conociendo de una causa y sulegalidad, lo cierto es que se desconoce que los abogados defensores poseen autonomía legal para tramitar las causas de su responsabilidad y que la posibilidad de emprender, respecto de los que fueran funcionarios públicos, sendos sumarios administrativos, como se ha señalado por una autoridad de gobierno, solo existiría si aquellos hubieran tenido un reñido cumplimiento funcionario en el ejercicio de sus funciones.


En este caso, su función primordial es prestar una defensa de calidad a quienes representan, en pleno cumplimiento de la ley y las instrucciones generales de sus superiores jerárquicos, que en el caso de la DPP se manifiestan a través de los Estándares de Defensa Penal Pública, que se encuentran regulados, que están obligados a cumplir y que expresamente les establecen la obligación de invocar los derechos y garantías de imputadas e imputados y defenderlos en todas las fases del proceso penal.


De tal manera que si un defensor penal público advierte alguna falencia en el actuar de alguna magistratura que afecte estos derechos y garantías, se encuentra obligado a impetrar todos los medios legales existentes, no pudiendo interpretarse que dichas acciones se efectúen en desmedro de la integridad de los intervinientes.


De otra forma no podría entenderse por ejemplo que sea la propia ley la que contempla la posibilidad de recurrir, solicitar nulidades, amparos, recusaciones, etc. En caso de que un defensor omitiera a este respecto, se encontraría en incumplimiento y si fuera funcionario público procedería ahora sí, utilizar el sistema de determinación de responsabilidad que establece el estatuto administrativo.


Lamentamos profundamente esta situación y brindamos nuestro apoyo a los defensores penales públicos que mantienen la defensa tanto en este como en otros casos complejos en que los intervinientes buscan tramitar por la prensa, lo que en definitiva siempre tiende a afectar a la parte más débil, que son los imputados.

 

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