Afudep se reúne con Diputado Guillermo Ceroni por proyecto Homologación Práctica Profesional

08 Mayo 2017 – La actividad se realizó en conjunto con el Frente de Justicia, que agrupa a todos los servicios dependientes del Ministerio de Justicia, en el ex Congreso en Santiago y a la cual asistieron en representación de AFUDEP los dirigentes Ignacio Ramírez, Jaque Mora y Viena Ruiz-Tagle.

Las organizaciones presentes, solicitaron al Diputado Guillermo Ceroni (PPD) su apoyo para someter a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley que, en lo esencial, propone que se otorgue a los funcionarios de los servicios dependientes del Ministerio de Justicia y del Congreso Nacional, el reconocimiento de los años de desempeño de funciones en dichos servicios, para efectos de cumplir con el requisito de la práctica profesional para la obtención de título de Abogado.

ANTECEDENTES 

Las asociaciones de funcionarios de la Defensoría Penal Pública, del Ministerio Público de la Corporación de Asistencia Judicial, del Congreso Nacional y de la  Subsecretaria de Justicia, están luchando unidas por revertir una situación que afecta a un grupo de funcionarios y funcionarias de estas instituciones; sobre la práctica profesional, que establece el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, cuyo procedimiento se encuentra contenido en el DS 265/85 del Ministerio de Justicia.

De acuerdo a estas disposiciones, los postulantes al título de abogados(as) tienen la obligación de realizar una práctica por un periodo de seis mese. Sin embargo, el numeral 5° de dicha norma considera a los funcionarios del Poder Judicial que tienen cumplida  esta obligación sólo por haberse desempeñado por un periodo de cinco años y pertenecer a las primeras cinco categorías del escalafón del personal  de empleados u oficiales de secretaría.

A juicio de las Asociaciones de Funcionarios mencionadas, consideran que las funciones que se desarrollan en estas instituciones se ha ido perfeccionando y profundizando con el pasar de los años, y que existe una proporción de funcionarios (as) que se desempeñan el labores propias del ámbito jurídico, tal como es el caso de algunos de los funcionarios del Poder Judicial, razón por la cual consideran que la norma produce una discriminación positiva sólo en favor  de los funcionarios judiciales.