La Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública (AFUDEP) ha emitido un comunicado en el que expresa su profunda preocupación ante los recientes acontecimientos ocurridos en la ciudad de Temuco, donde el desalojo de la sede de la Defensoría resultó en la detención de 17 personas.
La AFUDEP señala que este hecho no solo pone en riesgo la seguridad de los funcionarios que trabajan en la defensa de derechos fundamentales, sino que también complica el normal ejercicio de su labor en un contexto social y judicial cada vez más tenso. La Defensoría Penal Pública desempeña un papel fundamental en la protección y garantía del debido proceso en Chile, y situaciones como el desalojo impactan directamente en su capacidad para cumplir con esta misión.
“Estamos profundamente preocupados por las implicancias que estos hechos tienen en la integridad de nuestros colegas y en la continuidad de nuestras funciones. La defensa de los derechos humanos y el debido proceso deben ser priorizados, y es esencial que nuestros funcionarios puedan trabajar en un ambiente seguro y propicio para ello”, declaró un representante de AFUDEP.
Ante esta situación, la Asociación hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten medidas inmediatas que garanticen la seguridad de los funcionarios y la continuidad de operaciones de la Defensoría Penal Pública. Además, subrayan la necesidad de crear un entorno en el que se respete el trabajo de los defensores y se protejan los derechos de todas las personas involucradas en procesos judiciales.
AFUDEP reafirma su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos humanos, y continúa trabajando para garantizar que todos los ciudadanos cuenten con un acceso efectivo a una defensa digna y de calidad.
