AFUDEP se reúne con presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito

24 Mayo 2018 – Este jueves 24 de mayo 2014 AFUDEP participó junto a dirigentes de la Fiscalía, de la Corporación de Asistencia Justicia y de la Subsecretaría de Justicia, con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, a quien le expusieron los alcances de lograr una modificación al Art- 513 del Código Orgánico de Tribunales, que beneficiaría a todos los funcionarios y funcionarios del sector Justicia.

Lo que se busca, es los funcionarios/as del sector justicia, que hayan realizado funciones jurídicas se les exima del requisito de la práctica profesional, considerando una homologación por su desempeño laboral.

ANTECEDENTES 

Las asociaciones de funcionarios de la Defensoría Penal Pública, del Ministerio Público de la Corporación de Asistencia Judicial, del Congreso Nacional y de la  Subsecretaria de Justicia, están luchando unidas por revertir una situación que afecta a un grupo de funcionarios y funcionarias de estas instituciones; sobre la práctica profesional, que establece el artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales, cuyo procedimiento se encuentra contenido en el DS 265/85 del Ministerio de Justicia.

De acuerdo a estas disposiciones, los postulantes al título de abogados(as) tienen la obligación de realizar una práctica por un periodo de seis mese. Sin embargo, el numeral 5° de dicha norma considera a los funcionarios del Poder Judicial que tienen cumplida  esta obligación sólo por haberse desempeñado por un periodo de cinco años y pertenecer a las primeras cinco categorías del escalafón del personal  de empleados u oficiales de secretaría.

A juicio de las Asociaciones de Funcionarios mencionadas, consideran que las funciones que se desarrollan en estas instituciones se ha ido perfeccionando y profundizando con el pasar de los años, y que existe una proporción de funcionarios (as) que se desempeñan el labores propias del ámbito jurídico, tal como es el caso de algunos de los funcionarios del Poder Judicial, razón por la cual consideran que la norma produce una discriminación positiva sólo en favor  de los funcionarios judiciales.